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Auto de suspensión de Ley General de Víctimas es de plazos no de fondo: ministro


José Ramón Cossío Díaz, ministro de la SCJN 

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de septiembre (Quadratín México).- El ministro José Ramón Cossío Díaz explicó que el auto de suspensión de la Ley General de Víctimas, que determinó la Primera Sala del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ordena seguir todos los procesos legislativos, mientras se instruye el procedimiento y se pone en estado de resolución.

Aclaró que la resolución no es sobre el fondo del asunto, es decir, “llegará con nosotros” cuando se acabe de instruir, lo cual tarda alrededor de tres meses.

Cossío Díaz precisó que cuando termine la instrucción se realiza el proyecto, y posteriormente se pone a discusión en el pleno “y una vez que está en el pleno se le da un turno para que lo discutamos nosotros y lo aprobemos”, proceso que no tiene un plazo determinado para concluir.

El pleno de la SCJN confirmó el miércoles el acuerdo por el que se concedió al Ejecutivo federal la suspensión para no promulgar ni publicar el decreto por el cual el Congreso de la Unión expidió la Ley General de Víctimas, misma que se mantendrá vigente hasta en tanto el máximo tribunal resuelva la controversia 68/2012 para determinar si el Ejecutivo ejerció su facultad de veto respecto de la referida ley de manera oportuna, determinó la Primera Sala de la Corte.

Una vez resuelto el recurso de reclamación 36/2012-CA que presentó el Senado de la República para impugnar la suspensión, los integrantes de la Primera Sala concluyeron que actualmente se está integrando el expediente de la controversia constitucional, y será hasta la celebración de la audiencia cuando esté listo para presentar el proyecto de resolución.

De este modo, la Corte deberá resolver si, efectivamente, las observaciones que formuló el Ejecutivo al decreto se presentaron dentro del término de 30 días que fija el Artículo 72 de la Constitución, en caso de dar la razón al Primer Mandatario, el Congreso estaría obligado a procesar el veto, esto es, a aceptar las modificaciones que sugirió el presidente Felipe Calderón, o bien, a superarlas mediante votación calificada de las dos cámaras.

Al respecto, el especialista en derechos humanos Edgar Cortés coincidió en que el fallo de la Primera sala de la Corte no es por un asunto de fondo, sino de plazos, y consideró que con esa resolución es poco probable que se discuta este año y es más factible que continúe hasta 2013.

El integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) explicó que dicha ley fue aprobada por el Senado y enviada al Ejecutivo para su publicación, sin embargo, tenía un plazo de 30 días naturales para hacer observaciones o bien para publicarla.

Explicó que después de que se le envió al primer mandatario, un funcionario del Congreso se la volvió a pedir a Calderón porque había errores que debían corregir, de manera que pasaron varios días después de que éste la regresó y ahí inicia la discusión, ya que no saben a partir de qué fecha empiezan a contar los 30 días establecidos.

“Mi opinión sería que si se resuelva esta controversia y le dieran la razón al Senado, seguramente el Ejecutivo iría a una nueva controversia, ahora sí para el tema de fondo, para diferencias sustantivas, pero hoy en realidad están en un asunto de mero trámite de formalismo de plazos”, concluyó.

QMex/mrp/bhr

 

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