CIUDAD DE MÉXICO.— La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló difundir versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de 23 ingenieros militares que estuvieron a cargo de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en Santa Lucía, Estado de México.
Por seis votos contra dos, el Pleno de la SCJN determinó que es infundado el recurso de revisión en materia de seguridad nacional promovido por la Consejería Jurídica de Presidencia, en contra de la resolución de 6 de julio de 2022 emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para hacer públicas las declaraciones de los ingenieros militares.
“En el recurso se ordena a la Secretaría de la Función Pública (SFP) entregar la versión pública de las declaraciones patrimoniales y de intereses de 23 ingenieros militares residentes de obra en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)”, recordó la SCJN.
El ministro Javier Laynez Potisek, ponente en este asunto, resaltó que ninguno de los documentos públicos ofrecidos acredita que entregar la versión pública de las declaraciones patrimoniales y de interés de los ingenieros militares afecte la coordinación interinstitucional en materia de seguridad nacional o revele datos que puedan ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción del Estado Mexicano.
#NoticiasPJF | Por mayoría de votos, el Pleno de la #SCJN confirmó la resolución del @INAImexico que ordena a la @SFP_mx deberá entregar la versión pública de las declaraciones patrimoniales de 23 ingenieros militares residentes, de obra del Aeropuerto Felipe Ángeles. pic.twitter.com/5uMPw6mswp
— Plural TV (@PluralTV_MX) August 18, 2023
Los ministros de la SCJN consideraron que los elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como servidores públicos, están sujetos al régimen de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que están obligados a la presentación de declaraciones patrimoniales y de intereses, las que deberán hacerse públicas.
⇒ De acuerdo con la Suprema Corte, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal “no aportó pruebas directas o indirectas para demostrar que entregar dichos documentos representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio a la seguridad nacional”.
Contrariamente a lo aducido por la Consejería Jurídica, en el asunto ahora resuelto los documentos solicitados únicamente permitirían conocer la evolución patrimonial de 23 ingenieros militares, sin que se demostrara que ello pondría en peligro la coordinación interinstitucional en materia de seguridad nacional.
Los elementos del Ejército son servidores públicos obligados a la presentación de declaraciones patrimoniales. #LaCorte confirmó que deben entregarse las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de ingenieros militares residentes del #AIFA https://t.co/EuC5qkco4t pic.twitter.com/AIjK65hasY
— Suprema Corte (@SCJN) August 17, 2023
Los ministros indicaron que los agravios de la Consejería, consisten en que algún día, en el futuro, los 23 ingenieros militares podrían ejercer el mando de una unidad operativa, se basaron en supuestos hipotéticos, futuros e inciertos, sin demostrar que la entrega de las declaraciones patrimoniales y de intereses obstaculicen su actuación en ese caso.
“Como consecuencia de lo anterior, la Corte confirmó la resolución del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dictada en un recurso de revisión, el 6 de julio de 2022”.
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AM.MX/dsc
